A fin de responder a detalle las propuestas hechas por la Coalición Anticorrupción, los presidentes de las Comisiones Unidas del Congreso Local sostuvieron una reunión con representantes de la Coalición este 21 de febrero.
Hernán Salinas, Héctor García y Yanira Gómez, presidentes de las Comisiones de Puntos Constitucionales, Legislación y Anticorrupción, estuvieron atendiendo punto por punto las propuestas realizados al dictamen aprobado en primera vuelta de la reforma constitucional en diciembre 2016. Los integrantes de la Coalición reconocieron que los diputados han considerado en gran medida sus planteamientos, aunque sigue habiendo un desacuerdo sobre el punto que la Coalición considera como fundamental, el rol del Comité de Selección.
La propuesta de la Coalición Anticorrupción desde un principio, ha sido que la ciudadanía participe de manera proactiva y propositiva en los procesos de selección de las autoridades que encabezan los órganos clave del SEA. Desde el diseño de las convocatorias, perfiles requeridos de los candidatos, método de evaluación de candidatos, entrevistas, y conformación de una terna que sea puesta a consideración de las autoridades para el nombramiento. Los diputados presentaron hoy una contrapropuesta a la Coalición, que contempla que los integrantes del Comité de Selección tengan una facultad de veto, dándole a su participación un sentido de censor.
“Nos falta definir el tema más importante de todos, que es el grado de participación que tendrá la ciudadanía en la selección de los titulares de los órganos que integran el SEA. Debe ser una propuesta donde sea más bien una participación proactiva, más que una posición de censura”, expresó Salvador Benítez, de Ciudadanos Contra la Corrupción.
En los otros conceptos, los ciudadanos reconocieron el avance logrado en comparación con el dictamen de primera vuelta, entre los cuales destacan: la corresponsabilidad de los funcionarios por actos de corrupción de lleven a cabo sus subalternos, la extinción de dominio independiente de los procesos penales, y la imprescriptibilidad de la facultad del estado para recuperar bienes robados o desviados del erario.
También se reconoció la reducción del período del Fiscal General y fiscales especializados de 8 a 6 años, y que se eleve a rango constitucional la agravante para delitos de corrupción que facilitará que los funcionarios condenados por actos de corrupción sean inhabilitados por un periodo igual o superior a 40 años.
Considerando lo anterior, los presidentes de comisiones se comprometieron con la Coalición en analizar y dar respuesta a los últimos puntos donde subsisten desacuerdos, para volver a presentar propuestas a los ciudadanos antes de finalizar el dictamen que será presentado al Pleno.
La Coalición Anticorrupción es un esfuerzo conjunto de organizaciones, especialistas y ciudadanos a título personal enfocados en crear el mejor Sistema Estatal Anticorrupción del país, que permita acabar con la impunidad, convirtiéndose así en un ejemplo nacional.